Parece ser que el tema, uno de los tabúes de la Sanidad gubernamental, se planteó en el último Consejo Interterriorial, celebrado en Zaragoza el pasado mes de septiembre. Marina Geli dice que todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas quieren el copago , pero que no lo quieren decir en público. Y la verdad es que me lo creo, más aun cuando son varios los sistemas sanitarios autonómicos que están en situación de quiebra técnica. Entre ellos, por supuesto, el de Cataluña; por lo que no es de extrañar que la Consellera de Salut de la Generalitat catalana haya reabierto -una vez más- el vetusto debate del copago.
lunes 27 de octubre de 2008
El copago, un futuro ineludible
Personalmente, estoy convencido de que el copago de los servicios sanitarios es un futuro ineludible y que cuanto antes se instaure mejor. Mejor para el Sistema Nacional de Sanidad. Mejor para la calidad asistencial. Y, ante todo, mejor para los usuarios del sistema público de salud.
Y la ocasión, la de la crisis financiera internacional, la pintan calva. ¿Qué mejor momento que éste? Aunque me temo que el Gobierno no está por la labor, empeñado en defender la entelequia de la gratuidad de un sistema sanitario universal. De hecho, ya existe el copago. Por un lado, los usuarios abonamos en términos generales y con la exención de los jubilados, un 40% del precio de los medicamentos. También en algunas comunidades autónomas se paga entre uno y dos céntimos por litro de gasolina, el famoso céntimo sanitario que ahora se columpia sobre el abismo de las arbitrarias decisiones de la Comisión Europea.
Copago es, en este caso, sinónimo de corresponsabilidad. Pero, ¡ojo!, por ambas partes: paciente y administración, o administración y paciente, que tanto da. Si quiere tener un buen sistema sanitario, hay que cuidarlo; lo que no es posible con presupuestos deficitarios, una gestión política - esto no quiere decir que haya que recurrir a la gestión privada, sino a criterios de gestión privada- y una mala utilización de los recursos disponibles por parte del usuario y los propios profesionales de la salud.
Contribuir a la continuidad del sistema
La corresponsabilidad, el copago, supone, por ejemplo, penalizar con una prestación económica a quienes acuden a los servicios de urgencia sin tratarse de una situación de urgencia. Se evitarían así las largas horas de espera para ser atendido. Pero para ello debe haber una contrapartida: que haya servicios de urgencias en los Centros de Salud funcionando las 24 horas de los siete días a la semana que canalicen hacia el hospital los casos realmente urgentes. Sólo así se evitarán las masificaciones de los servicios de urgencia de los hospitales que, hoy por hoy, continúan siendo la vía más eficaz para evitar las listas de espera.
También supondría pagar un canon por consulta. Pero la contrapartida es desburocratizar la consulta del médico de atención primaria -por ejemplo, librándoles de cumplimentar el parte de baja o las recetas de los pacientes crónicos; potenciando la labor de la enfermería, etc.-. Otro tanto debería ocurrir con las consultas de los especialistas y las pruebas diagnósticas.
Pero para que los usuarios acepten el corresponsabilidad del copago deben estar informados de lo que cuesta su asistencia médica, sea del tipo que sea; o, dicho de otro modo, de lo que se ahorra por vivir en un país con un sistema sanitario, público, universal y casi gratuito.
Para mí no es válido el argumento al que se acude habitualmente para rechazar el copago. Con la cuota de la Seguridad Social que pagan todos los trabajadores se adquieren derechos a prestaciones como el paro, la jubilación, la baja remunerada y la asistencia sanitaria. Pero en este último caso debería añadirse la corresponsabilidad en garantizar la continuidad del sistema. El que algo quiere, algo le cuesta, señale el dicho popular, que han asumido desde un inicio las aseguradoras privadas, que cobran por acto médico.
Tanto ganas, tanto pagas
Si en la declaración de la renta cuanto más se gana menos se paga, el copago sanitario debe asumir la tesis contraria, es decir, pagar en función de los ingresos, independientemente de si se es o no jubilado. El sistema debe ser solidario con los que menos tienen y ésta es la única manera de lograrlo. Y la informática ya ha resuelto desde hace tiempo la viabilidad de establecer los controles necesarios, para garantizar que esta corresponsabildad solidaria se lleve a cabo sin perjudicar a los más débiles.
En cualquier caso, antes o después el Gobierno tendrá que apartar el árbol para ver el bosque de los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas, con sus problemas reales de financiación y estructuración organizativa. Obviamente, es más que probable que haya un rédito político que asumir por la osadía de hacer lo correcto. De hecho, estoy convencido de que es la única razón de que aun no se haya establecido el copago, aun a costa de una clara pérdida de calidad asistencial que perjudica tanto al usuario como a los profesionales de la salud, cada vez más desmotivados. Ahora, la crisis económica ofrece un pretexto magnífico para establecer lo todos saben que antes o después habrá que hacer para garantizar la estabilidad del sistema sanitario. Se supone que hay que legislar en beneficio del ciudadano y la estabilidad social y no para mantener la poltrona. Los políticos deberían aprender que la propia imagen no está reñida con la eficacia y mucho menos con la eficiencia. Muy al contrario, hay un claro rendimiento de coste-beneficio. Pero, ¿sabrán lo que es esto?
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